Un paquete de reformas que están ya prácticamente ultimadas o en fase muy avanzada de diseño, pero que se aplazarán hasta el verano por tres razones esenciales: terminar primero con las políticas de ajuste que generen confianza en los mercados, subida del IVA incluida; hacerlas coincidir con las propuestas de reactivación y apoyo a la inversión que promueva la Unión Europea; y por un efecto meramente propagandístico para evitar que su aprobación simultánea o en fechas próximas a los últimos recortes, diluya el impacto propagandístico y de imagen que se espera.

De este paquete de medidas, la más esperada y la que en el Ejecutivo se espera opere un mayor impulso sobre la economía real es la Ley de Emprendedores. Una de las medidas estrella del programa del Partido Popular, y que está sólo pendiente de que Hacienda perfile las mejoras en el tratamiento fiscal para las empresas y los autónomos.

En concreto, la nueva Ley incluirá ya el aplazamiento del pago del IVA para autónomos y pymes hasta el cobro efectivo de las facturas, una de las demandas tradicionales de las organizaciones empresariales y del colectivo de los autoempleados, pero se limitará sólo a las facturas derivadas de contratos con las administraciones públicas. Para el resto de facturas, la medida se aplazará a una segunda fase, ya que Hacienda aduce problemas técnicos y de gestión, por lo que el impuesto deberá seguir abonándose en la fecha de emisión.

Algo similar ocurre con la llamada cuenta de compensación tributaria ya que esta posiblidad de deducir en las declaraciones fiscales las deudas por impagos de las administraciones sólo se aplicará en un primer momento para las deudas con la Agencia Tributaria.

Sí incluirá la Ley una serie de deducciones fiscales para las nuevas inversiones personales o societarias, fundamentalmente en las modalidades de Sociedades de Garatía Recíproca (SGR), business angels o private equity.

También, dentro de las medidas fiscales de impulso a la actividad emprendedora, el Gobierno estudia incluir bonificaciones en el Impuesto de Sociedades (IRPF para los autónomos), que podrán ser de hasta el 50 por ciento en la cuota durante los dos primeros años de la actividad empresarial, a condición de que el 75 por ciento de los beneficios obtenidos se reinviertan en la propia actividad.

En relación con los autónomos, el Ministerio de Empleo ha decidido incluir en la Ley de Emprendedores la reducción de la cotización al régimen de autónomos de los emprendedores que también realizan otra actividad y por la que cotizan en el Régimen General. La reducción será del 50 por ciento de la base de cotización para los autónomos en pluriactividad que cotizan ocho horas en el régimen general y del 25 por ciento para los que trabajan a media jornada.

Fuente: El Economista