La última iniciativa del Gobierno de Rajoy ha sido dar una de cal y otra de arena. Por un lado, un regalo fiscal del 10% para regularizar las rentas no declaradas, y, por otro, dar un toque de atención introduciendo la imprescriptibilidad. Sin embargo, las grandes fortunas tienen la llave para escapar de la trampa.
En el último Consejo de Ministros de marzo, el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, estableció un «gravamen especial» del 10% para regularizar las rentas no declaradas, tanto para que las vengan de fuera como para la que afloren en España, lo que fue interpretado como una ‘amnistía fiscal’.
El denominado «Programa especial de regularización de activos ocultos» estaría en vigor hasta el 30 de noviembre de este año. Y según cálculos recaudaría 2.500 millones de euros- lo que supondría que afloraran unos 25.000 millones de rentas ahora ocultas.
Asimismo, quince días después el Ejecutivo introdujo la imprescriptibilidad de las rentas no declaradas’ en un decreto ley contra la lucha contra el fraude. Montoso señaló que las rentas descubiertas que no hayan sido declaradas se imputarán al último periodo impositivo de entre los no prescritos.
¿Para quiénes están dirigidas esta medida?
José María Mollinedo, secretario general de los técnicos de Hacienda, cree que «solo se acogerán aquellas personas que temen una investigación por parte de la Administración en el breve plazo. Bien porque alguien de su entorno ya está siendo investigado o por una filtración».
Para realizar esta afirmación recuerda que según estudios las pérdidas globales (directas e indirectas) de ingresos fiscales originadas por el fraude fiscal se sitúan en Europa entre los 200.000 y los 250.000 millones de euros anuales. Y cuantifican el fraude en España entre el 20% y 25%, el doble que la media de la UE, frente a unos 25.000 millones aflorados generados en los últimos cuatro años, antes de que prescriban.
Como la ventana de regularización se cierra en noviembre, a partir del 31 de diciembre se establece la imprescriptibilidad de las infracciones fiscales o delitos fiscales. Es decir, que quiénes no se acojan a esa regularización le da igual aflorar esos bienes y rentas en 2012, 2015 o 2040.
«Mejor regularizar ahora, porque después de este periodo el Gobierno va a endurecer las sanciones por fraude» concluye Luis del Amo, secretario técnico de Economistas y Asesores Fiscales (REAF).
La clave está en la imprescriptibilidad
Para que una gran fortuna se acoja o no a la regularización la clave va a estar en la imprescriptibilidad de la ley. Mollinedo destaca que son ellas las que tienen acceso a un ejército de asesores, que les recomendarán que no se acojan a la ventana abierta a pesar del endurecimiento de las sanciones y el carácter de imprescriptibilidad.
Y ello «porque el Gobierno está equiparando el delito fiscal o la infracción a un delito de lesa humanidad, el único que hasta ahora puede ser perseguido durante todo el tiempo con la ley en la mano».
Mollinedo no descarta que una gran fortuna pueda recurrir al Tribunal Constitucional o al Tribunal Europeo con este argumento, ya que los crímenes por terrorismo también caducan con el tiempo e incluso en nuestra Constitución, en el artículo referente a la prescripción de los delitos se contempla como seguridad jurídica, por eso, reitera que es más un toque de atención que algo efectivo.
En ese sentido, el secretario de los Técnico de Hacienda apostaría por endurecer las penas y los tiempos de prescripción, pasando de 5 años a 10 años para los delitos fiscales.
¿Para las grandes fortunas…qué?
En verano del año pasado, saltó la información. Doce miembros de la familia Botín presentaron 72 liquidaciones del IRPF y del Impuesto sobre Patrimonio de entre 2005 y 2009 por los activos de una herencia familiar en Suiza. Por ello pagaron a Hacienda unos 200 millones de euros.
Los hechos denunciados se remontan a mayo de 2010, cuando las autoridades fiscales francesas informaron a la Agencia Tributaria sobre una serie de personas con fondos en cuentas de la filial suiza de HSBC, entre las que estaban los denunciados, y que no habían presentado las autoliquidaciones del IRPF y del impuesto sobre el Patrimonio entre 2005 y 2009.
Mollinedo reflexiona, sobre el capital oculto de las grandes fortunas y de las rentas que generan, «ya que en caso de sanción, pagar 200 millones implica que tener miles de millones en cuentas opacas en el extranjero».
